El sistema público argentino atraviesa una profunda transformación en todas sus áreas, generada por la promesa del gobierno nacional: disminuir el gasto público y tener superávit estatal. Las Universidades públicas que dependen del Estado para su buen funcionamiento conforman uno de los sectores más críticos de la educación en los últimos años. Esto se observa en el presupuesto 2025 del Programa de desarrollo de la Educación Superior, el cual es el más bajo desde 2006 (1) .
A principios de año, el daño está lejos de revertirse. La última modificación del poder ejecutivo del presupuesto señala una disminución de más de 40 millones en transferencias a las casas de altos estudios. Esto se conecta directamente con la política de reducción del gasto público -y una baja de impuestos para los ciudadanos-, pero también implica una contracción de inversión estatal en conocimiento. Recortar el presupuesto de las universidades públicas debilita los pilares fundamentales del desarrollo científico, tecnológico y económico del país.
Es fundamental tener en cuenta que no es la primera vez que la Universidad pública atraviesa un período de inestabilidad económica. A lo largo de la historia del país se registraron distintas medidas de ajustes que impactaron al sistema educativo. Tras 1955, por ejemplo, se observó una caída en la matrícula universitaria, que había llegado a 138 mil (2). En ese entonces, arancelar las universidades era una opción.
Sin embargo, ahora no basta con que se niegue la posibilidad de arancelar “a corto plazo”. Porque las universidades no tienen solo la función de formar estudiantes de distintos sectores sociales, sino de generar una base de conocimientos sólida que sirva para sostener el país.
Históricamente, la educación superior pública funcionó como motor del desarrollo argentino, formando investigadores que lograron avances en áreas de la ciencia. Bernando Houssay, quien se egresó en Farmacia y luego en Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA), es un claro ejemplo de esto. Con su obra “Fisiología Humana” ganó el premio Nobel en 1945 y posicionó a la Argentina en el ámbito de la divulgación científica. Fue el primer latinoamericano en recibir una distinción en ciencias.
Pero nombrar los logros de este tipo de figuras no bastan para que se decida destinar un porcentaje más elevado del Producto Interno Bruto (PIB) en la ciencia. El presupuesto público para la Investigación en el país ni siquiera supera la cifra recomendada del 1% por la UNESCO. Solo en 2023 esta osciló entre el 0,55% del PIB (3). Mientras, países como Brasil invierte más del 1% en ciencia y tecnología hace décadas, en sectores estratégicos como la electrónica y la biotecnología (4).
Esto indica que, incluso en períodos de crisis, Brasil puede mantener institutos, financiar investigaciones aplicadas y, lo más importante, producir tecnología propia. Se trata de un país latinoamericano que sigue promoviendo lo que el nuestro perdió: el ideal de que invertir en educación es invertir en la industria argentina. ¿Por qué si se tiene buen nivel de investigadores y universidades públicas destacadas a nivel internacional no hay presupuesto para sostenerlas? No hay respuesta todavía.
Tampoco se puede esperar, en estas circunstancias, invertir en la ciencia aplicada si el piso firme que solía mantenerla se empieza a desmoronar. O esto es lo que proyecta la baja definitiva de los Proyectos Científicos Tecnológicos de 2022 y 2023 de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (5). La contradicción entre los proyectos de etapa temprana de conocimiento rechazados y los 50 de ciencia aplicada aprobados es sutil, pero clave. Porque sin ciencia básica no hay ciencia aplicada posible de materializar.
El cierre de los PICT trae, al mismo tiempo, un anuncio: se retira la inversión hacia ciertas áreas de investigación y se la da a nichos privados (6). Es decir, el foco deja de ponerse en las necesidades del Estado y se posa en los intereses empresariales. Se empuja a los investigadores a tener resultados eficientes que sirvan al mercado. Mario Pecheny, representante del área de Ciencias Sociales y Humanidades, afirma que esta exigencia va en contra de la naturaleza incierta de la ciencia.
La falta de desarrollo en áreas claves de la ciencia y tecnología también trasladan al país hacia narrativas antiguas, donde se destaca la dependencia externa. El acuerdo comercial firmado este año por Donald Trump y Javier Milei, que busca abrir el mercado (7), remite a este viejo modelo estructural. Ya que el principal recurso que Argentina exporta a Estados Unidos es natural, y si esto no se mantiene con actualizaciones tecnológicas, Argentina queda como un proveedor más.
Es importante, sin embargo, reconocer los logros que derivaron de estas negociaciones: en 2024 y 2025 el país logró revertir el déficit con Estados Unidos. El petróleo fue el producto más exportado, generando hasta 200 millones de dólares. Esto coincide con su nivel histórico de producción logrado este año, con más de 850.000 barriles diarios en Vaca Muerta (8).
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En esta línea, se debe remarcar un hecho: el petróleo y sus derivados no brindan ganancias sin ciencia. Porque detrás hay investigaciones geológicas, estudios sobre subsuelos y desarrollos de técnicas de exploración que no son contemplados. Entonces, sin conocimiento científico y técnico, estos recursos no se encuentran ni extraen eficientemente.
El desfinanciamiento hacia las universidades públicas que propone el gobierno nacional está lejos de ser útil en el país. Porque la problemática, en realidad, reduce la capacidad de aportar a la industria a través de investigaciones y una ciencia que genere tecnología propia.
Quizá la respuesta esté en volver a revisar las prioridades del Estado y compararlas con las de países que mantienen un desarrollo sólido en educación y ciencia. En comprender qué áreas sostienen el crecimiento y cuáles indican las condiciones sociales que lo hacen posible. Solo cuando estos aspectos se evalúen, se va a poseer soberanía real y no basada en discursos.
