Mientras en algunos países se amplían debates y avances en materia de igualdad, en Afganistán la realidad es completamente distinta. Desde hace algunos años, las mujeres y niñas enfrentan una pérdida sistemática de sus libertades básicas. No pueden estudiar, trabajar ni moverse con autonomía, en un sistema que no solo sostiene la desigualdad, sino que la refuerza.
En agosto de 2021, tras la retirada de las tropas de Estados Unidos y la caída del gobierno respaldado por Occidente, el Talibán retomó el control total de Afganistán, incluido Kabul. Los talibanes, derrocados en 2001 tras la invasión estadounidense por su régimen opresivo que negaba derechos básicos a mujeres y niñas, regresaron con fuerza y reimpusieron una versión extrema de la ley islámica. Aunque inicialmente prometieron moderación, en poco tiempo comenzaron a revertir las libertades adquiridas en las dos últimas décadas.
Privación de libertades básicas
Antes de 2021, las mujeres afganas podían asistir a la universidad, trabajar en la administración pública, ejercer profesiones y participar en la vida política y social con vínculos legales que protegían esos derechos. Con la llegada talibán, esa realidad cambió radicalmente. Desde 2021, según informó el diario El País, los talibanes han emitido más de 130 decretos que restringen derechos básicos de mujeres y niñas. Lo que muchas organizaciones internacionales describen como una “opresión institucionalizada” o un apartheid de género.
Entre los cambios más drásticos está la prohibición de la educación secundaria para niñas mayores de 12 años, seguida por la exclusión total del sistema universitario. Esto convirtió a Afganistán en el único país del mundo donde las mujeres no pueden estudiar formalmente a partir de cierta edad. También fueron excluidas de la mayoría de los trabajos remunerados y del empleo en organizaciones y servicios públicos. De acuerdo con el informe de la ONU Mujeres, el 78% de las mujeres jóvenes afganas no participan en la educación, ni en el empleo.
En Afganistán existe una de las mayores brechas de género del mundo en el mercado laboral: solo el 24% de las mujeres tiene un trabajo remunerado, frente al 89% de los hombres. Además, ninguna mujer forma parte del gabinete de facto ni de las administraciones locales, lo que representa un fuerte retroceso y limita su participación en las decisiones políticas y en las leyes que afectan directamente sus vidas.
Además, el régimen impuso una censura educativa aún más profunda, según una nota de Infobae se prohibieron libros escritos por mujeres en las universidades y eliminaron clases sobre derechos humanos, género y acoso sexual, catalogando esas materias como contrarias a su interpretación de la sharía. En total, unos 680 libros fueron retirados, incluidos 140 escritos por mujeres, lo que limita severamente la formación académica femenina y el acceso al pensamiento crítico. A estas restricciones sociales y educativas se suma ahora un cambio legal que profundiza aún más la desigualdad de género en el país.
Nuevo código penal que legaliza la violencia a las mujeres Afganas
En 2026, el régimen aprobó discretamente un nuevo código penal que ha alarmado a organismos internacionales por institucionalizar la violencia de género y legalizar prácticas abusivas. Según el diario El País, este código establece que si un marido golpea a su esposa con un bastón y le provoca una lesión grave (como una herida o un hematoma corporal), y ella logra demostrarlo ante un juez, el hombre puede ser condenado solo a 15 días de prisión. Este mismo texto legal prevé penas de hasta cinco meses de cárcel por maltratar a un camello u otros animales, lo que para críticos internacionales pone de manifiesto una jerarquización de valor entre la integridad física animal y la de una mujer.
El código también contiene conceptos perturbadores, habla de “amos” y “esclavos” y otorga al marido autoridad para “disciplinar” a su esposa con el propósito de “prevenir el vicio”, dejando de tratar la violencia doméstica como delito y presentándola como un acto permitido dentro del matrimonio. Estas disposiciones, sumadas a que las mujeres tampoco pueden acceder a muchos espacios públicos sin un tutor masculino (mahram), quitándoles la libertad de movimiento, confirman cómo el poder judicial y legislativo en Afganistán se ha convertido en un
instrumento para consolidar la desigualdad de género. Además, si una mujer visita repetidamente la casa de su padre sin permiso de su marido y no regresa cuando este lo exige, puede ser condenada a tres meses de prisión. Organizaciones como Rawadari advirtieron que esta disposición expone a las mujeres a violencia doméstica
continúa y elimina una de las pocas redes de protección que les quedaban.
La reacción internacional no tardó en llegar. El relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, calificó las consecuencias del nuevo código como “extremadamente preocupantes” y advirtió que institucionaliza la discriminación y la violencia de género. Distintos organismos de la Organización de las Naciones Unidas denunciaron que el marco legal contradice los tratados internacionales suscritos por Afganistán y consolida un sistema que legitima la subordinación femenina. Aun así, el régimen mantiene vigentes estas normativas, mientras organizaciones de derechos humanos reclaman acciones más firmes de la comunidad internacional.
En Afganistán, ser mujer implica vivir bajo un sistema que restringe cada aspecto de la vida cotidiana. La educación, el trabajo y la libertad de movimiento dejaron de ser derechos para convertirse en prohibiciones o permisos condicionados. Lejos de protegerlas, las normas vigentes consolidan un modelo que legitima la desigualdad y la violencia de género.
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Este escenario rompe con la idea de un progreso global uniforme en materia de género. Mientras en algunos países se impulsan nuevas conquistas y se fortalecen políticas de igualdad, en Afganistán las mujeres siguen luchando por recuperar libertades que ya habían sido alcanzadas. La situación expone la profundidad de estas desigualdades y pone en evidencia la necesidad de sostener la mirada internacional sobre contextos donde los derechos humanos continúan siendo vulnerados.
